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Enrique Yasser Pompeyo<\/p>\n
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El pasado mi\u00e9rcoles, las magistradas M\u00f3nica Aral\u00ed Soto Fragoso, Janine Madeline Ot\u00e1lora Malassis y el magistrado Reyes Rodr\u00edguez Mondrag\u00f3n integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n (TEPJF) aprobaron por mayor\u00eda de votos los proyectos que resuelven los expedientes SUP-JIN-339\/2025, SUP-JIN- 539\/2025, SUP-JIN-730\/2025 y SUP-JIN-817\/2025 mediante el cual determinaron revocar los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral INE\/CG571\/2025 y INE\/CG572\/2025, a fin de dejar insubsistentes las asignaciones y constancias de mayor\u00eda de los candidatos hombres ganadores y asignar el cargo a la mujer m\u00e1s votada en cada caso, entre otros efectos.<\/p>\n
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Algunos de los afectados reflexionan al respecto.<\/p>\n
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En M\u00e9xico y en cualquier parte del mundo, los procesos electorales representan una de las conquistas m\u00e1s importantes de la humanidad.<\/p>\n
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Gracias a estos, las sociedades han podido avanzar hacia formas de gobierno m\u00e1s justas, incluyentes y representativas. Las elecciones libres, aut\u00e9nticas y respetadas son el coraz\u00f3n de toda democracia funcional.<\/p>\n
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Por ello, es indispensable que en un pa\u00eds democr\u00e1tico como el nuestro, las reglas previamente establecidas para las contiendas electorales sean respetadas en todo momento, sin excepci\u00f3n y sin reinterpretaciones de \u00faltima hora.<\/p>\n
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Ese respeto no s\u00f3lo garantiza equidad para quienes compiten, sino certeza y confianza para las y los ciudadanos que depositan su voto creyendo en la legalidad del proceso.<\/p>\n
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Por primera vez, el pueblo de M\u00e9xico eligi\u00f3 mediante el voto directo a las personas que ocupar\u00e1n cargos clave en el Poder Judicial.<\/p>\n
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Una elecci\u00f3n que representa un cambio profundo y un parteaguas en nuestra vida institucional. Por su relevancia, este proceso deb\u00eda ser un ejemplo de pulcritud, legalidad y firmeza democr\u00e1tica. Sin embargo, hoy ese ejemplo est\u00e1 en riesgo.<\/p>\n
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A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), el \u00f3rgano constitucionalmente encargado de organizar y dar certeza a los procesos electorales condujo la elecci\u00f3n conforme a los criterios previamente establecidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n pretende reinterpretar las reglas y modificar los criterios de paridad y asignaci\u00f3n de representaci\u00f3n despu\u00e9s de que el proceso ha concluido y los resultados son del conocimiento p\u00fablico.<\/p>\n
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No se trata de un debate de g\u00e9nero ni de paridad. Esta elecci\u00f3n naci\u00f3 y se construy\u00f3 desde esa visi\u00f3n, y prueba de ello es que los resultados obtenidos hasta hoy otorgan m\u00e1s del 60% de los espacios a mujeres.<\/p>\n
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Por lo tanto, es incongruente intentar justificar una reinterpretaci\u00f3n bajo un argumento que ya fue superado por los propios hechos. Las reglas de asignaci\u00f3n no solo cumplieron con su prop\u00f3sito, sino que incluso lo superaron.<\/p>\n
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Pretender cambiar ahora los criterios bajo esta narrativa es desvirtuar el sentido real del proceso y poner en duda su legitimidad.<\/p>\n
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Se trata, en realidad, de una profunda preocupaci\u00f3n jur\u00eddica e institucional: no puede haber democracia s\u00f3lida sin certeza jur\u00eddica.<\/p>\n
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Las reglas del juego electoral no pueden modificarse una vez que la contienda ha terminado. Hacerlo mina la confianza ciudadana, sienta un precedente peligroso para el futuro y convierte cada elecci\u00f3n en un espacio de incertidumbre en lugar de certeza.<\/p>\n
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Modificar los criterios despu\u00e9s de conocidos los resultados, quitar constancias de mayor\u00eda a quienes leg\u00edtimamente las obtuvieron conforme a las reglas vigentes, equivale a vulnerar la voluntad popular y debilitar gravemente el Estado de Derecho.<\/p>\n
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El Tribunal Electoral debi\u00f3 honrar su funci\u00f3n constitucional, esto es, actuar con plena responsabilidad institucional y comprender que su papel es dar certeza, no sembrar dudas.<\/p>\n
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En especial, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, M\u00f3nica Aral\u00ed Soto Fregoso, quien, en un actuar sin precedentes, pretender\u00eda llegar a las urnas en los comicios judiciales programados para el 2027.<\/p>\n
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A poco tiempo de concluir su mandato, hay quienes se\u00f1alan que intenta alterar los resultados leg\u00edtimos de la elecci\u00f3n para favorecer a candidaturas espec\u00edficas, con la intenci\u00f3n de que estas le \u201cdeban el favor\u201d.<\/p>\n
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\u201cBajo el falso argumento de una paridad que ya ha sido ampliamente cumplida, busca justificar asignaciones ilegales, creando una red de lealtades que le garantice influencia y continuidad en el futuro\u201d, manifiestan.<\/p>\n
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Por ello refieren que \u201ces inevitable pensar que dichas candidaturas no solo estar\u00edan en deuda con ella, sino que, de llegar al poder mediante este tipo de maniobras, nada garantiza su independencia ni su compromiso con el Estado de Derecho. La subordinaci\u00f3n a la figura de M\u00f3nica Soto ser\u00eda una amenaza directa a la autonom\u00eda de los nuevos cargos\u201d.<\/p>\n
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De manera que esta audaz maniobra no s\u00f3lo atenta contra la legalidad del proceso electoral, sino que pone en riesgo la democracia misma. Sin Estado de Derecho, no hay democracia: las reglas del juego no se cambian al final del partido.<\/p>\n
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Lo que est\u00e1 en juego no es s\u00f3lo el resultado de una elecci\u00f3n. Lo que est\u00e1 en juego es la confianza de todo un pa\u00eds y, sobre todo, \u201cla legitimidad de quienes a modo, la magistrada Soto Fregoso quiere imponer\u201d.<\/p>\n
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enriquepompeyo@hotmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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