Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aludiera a José Manuel del Río Virgen en la conferencia del lunes pasado, el impulsor del Proyecto Inocencia en Veracruz le respondió que se debe atender desde el Ejecutivo del Estado lo importante.
A través de una carta abierta, del Río Virgen aseguró que los habitantes de Lerdo de Tejada, donde policías municipales presuntamente asesinaron a un joven de 27 de años, Brandon Arellano, habían denunciado desde hace tiempo abusos de la policía.
La falta de actuación de las autoridades estatales, municipales y federales, dijo, trajo como consecuencia la muerte de este joven.
“La tolerancia al abuso policial fue mediante los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones, lo que permitió a malos policías poder fabricar delitos con falsos testimonios para encarcelar a inocentes”.
Recordó el abuso de que fue objeto por parte tanto de policías como de ministerios públicos y jueces locales, y que fue liberado por la única instancia legal que el gobierno no controla, porque no se ha doblegado ante su poder ni con amenazas ni con prebendas: el Poder Judicial de la Federación.
“Es vergonzoso para la población que jueces y magistrados locales hagan abierto proselitismo a favor de su partido político, hambrientos de reconocimiento del poder para recibir algún premio. Dejaron de lado su juramento de impartir justicia para adular y cumplir los caprichos del poder, pero todo ese sistema corrupto habrá de acabar. Nunca más el abuso desde el poder”.
En su texto, Del Río Virgen recordó que tanto el Juzgado de Distrito como el Tribunal Colegiado de Circuito fueron contundentes: él no tuvo nada que ver en el delito que le fabricaron y coincidieron en su absoluta inocencia. “Fui víctima de un proceso legal basado en el odio por denunciar la ineptitud y corrupción de su gobierno, por señalar en voz alta la inconformidad de los veracruzanos, asumí con mi propia libertad las consecuencias de enfrentar al estado arbitrario”.
Finalmente, expresó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado, que ésta no aceptó, lo que es una clara muestra de la impunidad que cubre a policías, fiscales y jueces.
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